¡Escribí! Notas de Lector
Ir a la secciónBuenos Aires - - Miércoles 29 De Marzo
En la localidad cordobesa de Cruz del Eje, una mujer pidió justicia. Denunció que su ex pareja abusaba de su pequeña hija de 7 años. Pero… ¿adivinemos juntos quién fue condenado? ¿El abusador o la denunciante?
Flavia Saganias es madre de seis hijos, soltera y único sostén de familia. Luego de haber pasado por una relación violenta y padecido violencia económica y psicológica, decidió denunciar. Antes de llevar a cabo los procedimientos legales formales, denunció por redes sociales, herramienta que, en los últimos tiempos, es mucho más eficaz que el propio poder judicial. La declaración que habría hecho Flavia fue la siguiente: “Este abusador de niños, denunciado en la fiscalía de Cosquín, sigue suelto. Un violador más que sigue libre entre nuestros niños. Se llama Gabriel Fernández y vive en calle Pampa al fondo. Por favor difundir. Cuidémonos entre nosotros, ya que la justicia no hace nada”. El posteo que apelaba al cuidado de los niños de la localidad fue eliminado por Facebook 8 horas después, ya que allegados al abusador denunciaron la publicación.
Al haber denunciado públicamente, el hermano y la madre de Flavia decidieron intimar al pedófilo. Emiliano Saganias y Graciela Bonifacio viajaron desde Isidro Casanova (Buenos Aires) a Capilla del Monte, el mismo día de la publicación. Se dirigieron a la casa de Gabriel Fernández, lo atacaron físicamente, lo ataron y prendieron fuego su casa. Inmediatamente fueron detenidos por homicidio y otras causas. Otras versiones también dicen que hubo un enfrentamiento y Gabriel Fernández los apuntó con un arma de fuego. Este episodio fue resuelto rápidamente, y los familiares de Flavia fueron detenidos. Sin embargo, el caso no termina ahí.
Este episodio llevado a cabo por familiares de Flavia volteó todas las miradas hacia la denunciante. Un jurado popular de doce personas y tres jueces técnicos que integran la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, en Córdoba, la culparon. Fue detenida por llevar a cabo un “plan premeditado de ajusticiamiento por mano propia contra el abusador de su hija”. Las causas por las que la condenaron fueron las mismas que inculparon a sus familiares.Sin embargo, no hay pruebas de que Flavia haya participado del ataque. Tampoco hay evidencias de que se haya comunicado con su familia para que agredan a Gabriel Fernández. Pero sí hay pruebas del abuso sexual que este ejercía contra la hija de Flavia. Pruebas que la fiscalía se negó a tomar como válidas.
Haber denunciado públicamente los abusos de su ex pareja la condenó a 23 años de prisión. Irónico. Así funciona nuestro poder judicial: quien denuncia, va preso. “Confié en la verdad y en la justicia y terminé en la cárcel”, dice esta madre desesperada. Lo curioso es que no es la primera vez que el poder judicial y las autoridades de Capilla del Monte fallan en contra de víctimas.
Las denuncias en casos de violencias de género son muy importantes. Pero también es fundamental que el poder judicial o penitenciario tenga registro de los hechos. Muchas de las víctimas de violencia de género apelan a las redes y no a las autoridades, porque el proceso para denunciar suele ser doloroso e invasivo. Las pruebas médicas para probar los abusos son terribles. Y las pericias psicológicas también. Así es que las víctimas, cuando denuncian, vuelven a vivir situaciones violentas. Esta vez, en manos de policías, fiscales o abogados. La burocracia funciona así: revictimizando a las afectadas.
Las denuncias a través de redes sociales se volvieron moneda corriente. La necesidad de que los allegados y la sociedad conozcan los hechos. La desesperación de vivir episodios violentos culmina en denuncias a través de Facebook o Instagram. Porque las víctimas ya no confían en el poder judicial, ni en la policía, ni en las instituciones que deberían protegerlas. Las víctimas apelan a la justicia social, a la condena de sus agresores por la propia comunidad.
Sin embargo, ¿esto funciona? Como sociedad debemos percatarnos de que algo en el sistema está mal. Los espacios que deberían funcionar como lugares de contención operan como todo lo contrario. Y todos somos parte de esto. Como argentinos debemos revisar nuestras maneras de actuar frente a los casos de violencia de género. Y, también, seguir reclamando por nuestros derechos. Una sociedad justa y equitativa puede llegar a ser una realidad si peleamos por ello.
Si conocés a una persona que está en aislamiento con su agresor, intentá comunicarte todos los días, preguntarle cómo está y hacerte sentir cerca.
Para denunciar violencia de género en todo el país:
Línea 144
Para urgencias 911
En Córdoba: 0800 888 9898 es el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia o (351) 814 1400.
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