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Narcotráfico: ¿caen los pesados o los perejiles?

¿Se buscan medidas efectivas o están más preocupados por la cuestión mediática?

Para hablar del narcotráfico creo que hay una pregunta que es inevitable: ¿se hacen verdaderas tareas de inteligencia y desarmado de bandas importantes o son medidas que apuntan más a la cuestión cosmética del asunto como para que la gente se quede “tranquila”? La pregunta es retórica porque es más que sabido que las grandes bandas narco trabajan en conjunto con la policía ,es decir, con la fuerza de seguridad estatal. Entonces, desarmar esas redes es cada día más difícil porque quienes están encargados de hacerlo forman parte. Es un perro que se muerde la cola.

Investigando para esta nota encontré, por ejemplo, una noticia que en su momento se me había pasado: en agosto del año pasado, en medio del proceso a la banda rosarina “Los monos”, balearon la fiscalía que lleva adelante la causa. Ese ataque era el número 14 (¡catorce!) a  la misma fiscalía. Ni hablar de los ataques a funcionarios y dependencias judiciales involucrados en el juicio. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la sociedad? Si una banda narco tiene el poder suficiente como para lograr impunidad en un ataque con armas de fuego a una fiscalía, ¿se imaginan con qué espíritu trabaja un policía que detecta la venta minorista? ¿Qué hace? ¿Cumple con su deber y pone en riesgo su vida y la de toda su familia? ¿Se hace el tonto? ¿Quién lo protege a él?

Para que se den una idea, “Los Monos” son una banda con un largo historial delictivo en la ciudad de Rosario. Su poder es tan grande que incluso hay uniformados entre sus filas, y esto que les cuento no es una simple sospecha, es un hecho: en una de las tantas causas contra la banda, que inició en 2018, se condenó a 9 policías entre 25 acusados. Una jueza que integró el tribunal de esa causa (Marisol Usandizaga) fue víctima de los mensajes mafiosos de la banda, dos inmuebles que pertenecían a su familia fueron baleados por encapuchados en moto justo un mes después de que se conocieran las condenas. No fue la única, el primer ataque fue dirigido a Ismael Manfrín (quien presidió el tribunal que dictó la sentencia). Unos días después balearon la casa del padre y la ex esposa de Juan Carlos Vienna, otro juez que integró el tribunal. Así podría seguir contándoles los casos porque parece que los ataques a balazos a las casas de los funcionarios judiciales, son moneda corriente. Para que no se olviden, esto que estoy narrando son solo 3 casos que sucedieron en 2018, quién sabe cuántos más habrán sucedido desde entonces. 

Durante meses la violencia fue tal que el gobierno provincial decidió instalar cámaras de seguridad a todos aquellos que se sospecha que pueden ser atacados, en su mayoría jueces y fiscales, pero también sus familiares o (esto es insólito) gente relacionada con ellos por comprarles una propiedad. No solo instalaron cámaras, en algunos casos colocaron mamparas de blindex en las puertas y ventanas de sus propiedades. Todo esto no sirvió para nada porque los ataques no pararon. Hay jueces que se niegan a tener custodia porque no quieren que sus movimientos sean monitoreados por la policía, ya que saben que están en connivencia con los narcotraficantes. Si los que nos tienen que cuidar son atacados o se asocian con los delincuentes, me pregunto ¿Qué podemos esperar para nuestra propia seguridad?

Mientras que los gobiernos (desde el área de seguridad, pero también desde salud) no tengan planes serios y largoplacistas para poder tener la discusión a la altura de lo que nos merecemos, no vamos a lograr menos chicos lastimados de por vida por las secuelas que les deja el consumo de droga, ni menos violencia por las disputas de poder de los delincuentes que les venden la droga a los chicos. Como siempre, creo, los más desamparados son los que menos posibilidades tienen de discernir: los jóvenes, pero también los que no pueden ver un futuro más promisorio que el triste presente que les toca vivir.

 

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