Hace poco se viralizó un video en el que un supuesto ladrón de un celular, en la provincia de Tucumán, está detenido y esposado en el asiento trasero de un patrullero. Las puertas del auto están abiertas y vemos cómo diferentes transeúntes aprovechan la situación para golpear (patadas incluidas) al detenido ante la mirada impávida de los policías. Es decir, no sólo dejaron las puertas del patrullero abiertas, sino que no resguardaron la integridad física del detenido (que además, insisto, estaba esposado).
Todo empezó cuando en una calle cualquiera de Tucuman le sustraen el celular a un chico. Justo hay un patrullero cerca, por lo que el robo termina apenas empieza. El ladrón no tendría más de 20 años, cuando lo agarran robando el celular, lo meten al patrullero y un vecino se acerca con la cámara del celular prendida para filmar un video, con la intención de escracharlo. Ahí nomás una señora (dicen que era la madre de la víctima del robo) aprovecha para abrir del todo la puerta del patrullero y propinarle unos golpes de puño, hasta que el improvisado camarógrafo le dice (en un rapto de sentido común) “ya está señora, dejeló, va a tener problemas”. Mientras todo esto sucedía eran varios los que ingresaban al patrullero y le pegaban al delincuente.
Acá se preguntaran qué hacían los efectivos policiales mientras tanto ¿Quizá separar a la gente y llevarse al detenido a la comisaría? Bueno… no, no es el caso. En el video se ve como uno de los uniformados le pega una trompada al delincuente y acto seguido lo sostiene para que la gente le siga pegando a gusto.
Los agentes que permitieron esto cometieron un delito. Igual o más grave que el robo del celular. ¿Está mal robar un teléfono? Desde ya, no hay discusión al respecto. ¿Está mal la justicia por mano propia? También desde ya, tampoco hay discusión al respecto. ¿Está mal que la policía permita que golpeen a un detenido esposado? Sí, está mal y es mucho peor que robar o que hacer justicia por mano propia. Para eso están las leyes.
Habitualmente, el ojo por ojo surge en sociedades que no acceden a la justicia por otros medios. Tiene algo de resignación, de bronca, de impotencia y mucho de violencia contenida. Si el Estado no resguarda la seguridad de sus ciudadanos, es muy frecuente que sean ellos los que empiecen a hacerse cargo del problema. El tema es que la escalada de violencia, se supone, no termina nunca. ¿Cuánto “está bien” castigar a un ladrón de celulares? Cuál es el límite en el castigo?¿Una piña? ¿Dos patadas? ¿Romperle una costilla? ¿Dejarlo cuadripléjico? ¿Asesinarlo? No es el ciudadano de a pie quien tiene que decidir esto ni quién debe llevar a cabo el acto de justicia; para eso están las instituciones.
Por eso es peligrosa la justicia por mano propia: porque no estamos preparados para administrar algo tan complejo como la justicia. Ser víctima de un delito no nos permite distanciarnos del hecho y pensar con claridad, nos puede llevar a cometer un delito aún mayor en pos de buscar justicia. Necesitamos la imparcialidad que nos ofrece el sistema judicial y de seguridad para impartir castigos justos, de lo contrario podemos terminar siendo el delincuente que aborrecemos y queremos ajusticiar.
Los juristas debaten muchísimo tiempo para acordar las penas de los delitos, luego pasa por los legisladores, ya sea provinciales o nacionales, y recién ahí se establecen los códigos –en este caso el penal− y las leyes.
Hay que tener muchísimo cuidado con el ojo por ojo. Porque si nos convencemos de que es la mejor manera de mantener la paz y el orden, lo más probable es que terminemos todos ciegos.
Hipólito Azema nació en Buenos Aires, en los comienzos de la década del 80. No se sabe desde cuándo, porque esas cosas son difíciles de determinar, le gusta contar historias, pero más le gusta que se las cuenten: quizás por eso transitó los inefables pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Una vez escuchó que donde existe una necesidad nace un derecho y se lo creyó.