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Ir a la secciónBuenos Aires - - Viernes 02 De Junio
La historia política de la humanidad está plagada de casos de nepotismo, en eso los argentinos hacemos nuestra parte pero no somos originales. Sin embargo, el nepotismo tiene un componente cultural que no puede desvincularse de las sociedades en las que se aplica. Es ahí donde nuestra herencia nos lleva a privilegiar los aspectos familiares y a tolerar ciertos aspectos del nepotismo.
La Real Academia Española define al nepotismo como: “La desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. Sin ir más lejos, esta simple definición implica reflexionar sobre nuestros criterios de justicia, de meritocracia, de aplicación de la ley y la concepción del estado. Ahí radica nuestra decadencia institucional.
Durante décadas no se interpretó al “Estado” como un conjunto de Instituciones burocráticas administrativas cuya finalidad es mediar en los procesos y las relaciones de la sociedad. Separar el concepto de “estado” del concepto de “gobierno” es el primer paso para limitar el espacio de la política. En este sentido, el gobierno del Presidente Macri viene tomando medidas como los decretos 201/2017 y 202/2017 sobre conflicto de intereses y contrataciones con parientes o allegados a políticos en funciones. Sin embargo, fue la crisis desatada por el comportamiento del Ministro de Trabajo Jorge Triaca, lo que obligó al presidente a emitir el decreto 93/2018 que prohíbe la contratación de familiares en el gobierno.
¿Es justo entonces que se aplique ese decreto? Los argentinos nos sentimos más cómodos ante la aplicación de una ley (decreto) que ante la autorregulación por convicción. Podríamos decir que ante la falta de mesura en el uso de las preferencias que pueden estar vinculadas a la participación política, en el caso argentino la rigidez legal es más beneficiosa para la sociedad.
Respecto del sentido de justicia haría falta comprender este asunto de manera integral, teniendo en cuenta que ningún gobierno ha hecho esfuerzos por generar estructuras especializadas por concurso público. Dicho proceso permitiría no solo a los familiares aplicar por mérito a los puestos del estado, sino también a toda la sociedad, dando igualdad de oportunidad. Por otra parte, un debate social sobre los espacios y cargos discrecionales del estado podría contribuir a centrar el problema en un proceso de validación de candidatos quitando el peso a la relación familiar o de amistad.
Somos una sociedad que alberga el concepto de abuso de poder y el nepotismo es solo una más de sus consecuencias. No se trata de un familiar en el gobierno, sino de un esquema de beneficio personal a costa del estado. Pecar por exceso legal donde pueden pagar justos por pecadores es parte de nuestra evolución social y cultural.
Si nos ponemos a pensar objetivamente, y dejamos de lado la corrupción aparejada con el nepotismo, no parece descabellado que los funcionarios públicos designen a personas de su confianza para el desarrollo de una actividad específica. El problema radica en la generalización y en la designación arbitraria de puestos que solo responden a un interés personal y no a las capacidades y méritos que ese familiar o conocido pueda aportar.
Es por eso que en nuestro país, probablemente también en otros pero aquí hablamos específicamente de Argentina, los conceptos de abuso de poder, nepotismo y corrupción están íntimamente ligados y constituyen un empobrecimiento de las instituciones que está enquistado en todas las políticas de estado de los últimos años. Tanto es así que se necesitarían décadas para poder “limpiar” las marcas que han dejado en nuestras instituciones.
Fecha de Publicación: 19/04/2018
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