Buenos Aires - - Miércoles 28 De Octubre

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“Con este protocolo la vida de un delincuente que enfrenta a la policía no corre peligro, solo tiene que entregarse”

Entrevista con Sebastián Aurucci, ex director nacional de relaciones con provincias y municipios.

Política y Economía

El gobierno del Presidente Macri sorprendió a todos cuando días atrás publicó en el boletín oficial la resolución 956/18 que reglamentaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad. La sorpresa fue tanto para los miembros del gabinete como para los sectores de la oposición y los organismos de derechos humanos, que inmediatamente salieron a cuestionar y judicializar la medida.

La crítica más dura vino de la mano del fuego amigo de Elisa Carrió quien, fiel a su estilo, se manifestó en contra de un giro hacia el fascismo por parte del gobierno. Algunos sectores de la sociedad piensan que estamos en sintonía con un contexto internacional que favorece las posturas de mano dura contra la delincuencia, y no faltaron las comparaciones con el discurso del presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro. Internamente, las críticas giraron sobre el oportunismo de la medida.

Para analizar estas cuestiones conversamos con el dirigente político y ex director nacional de relaciones con provincias y municipios, Sebastian Aurucci.

La publicación oficial del protocolo trajo mucha polémica. ¿Te parece correcto que el gobierno avance de esa forma?

Entiendo que sí, porque la resolución publicada está dentro del marco de las facultades que tiene la ministra Patricia Bullrich por ser un reglamento interno de las fuerzas federales. Hubiese sido mejor si el protocolo se anunciaba en el contexto de la aprobación del nuevo código penal, pero el anteproyecto de la reforma no pudo pasar este año por el congreso y desde el ejecutivo hace meses que vienen trabajando en estas modificaciones para que la policía pueda tener un marco claro de trabajo.

¿A qué te referís con un marco claro? ¿Con el código actual y los protocolos vigentes no era suficiente?

Pensá que cada fuerza tenía su protocolo y en algunos casos el policía no podía usar el arma si el delincuente no disparaba primero. Fueron muchos años de doctrina que sostenía que el policía tenía que cumplir con su deber de dar seguridad a la gente pero bajo la mirada acusadora. Los protocolos anteriores eran un sinsentido si el objetivo era la seguridad. Por eso, el nuevo código que se está discutiendo incluye una modificación del artículo 34 donde específicamente habla de la responsabilidad de los policías que están cumpliendo funciones. Con el código actual el policía que usa su arma queda encuadrado en la legítima defensa, pero eso es absurdo porque si el policía quisiera defenderse no se pondría en peligro en primer lugar para cumplir su función, es un contrasentido. Con esto me parece que el gobierno está dando el mensaje que quiere una policía con la capacidad de combatir el delito y eso a los sectores de izquierda progresista no les gusta porque justifican la delincuencia como un acto de justicia social. Fijate que se llegó a decir que este protocolo era para reprimir con plomo las protestas de los trabajadores…

Justamente por eso y por otros puntos como no dar la voz de alto o disparar a un delincuente que se fuga, muchos sostienen que es ilegal: que autoriza a la policía a reprimir sin respetar los derechos humanos.

Es falso. En ningún lugar se autoriza eso como norma y en su primer artículo deja en claro que la policía debe cumplir en todo momento con los deberes impuestos por la ley y que el uso del arma es solo como última instancia o ante peligro de vida. Las pretensiones de asimilar las excepciones que contempla el reglamento a una autorización para matar tienen justamente la intensión de generar la idea que el gobierno no respeta los derechos humanos. Además, hay que explicarle a la gente que esto no exime a los policías de ser investigados por la justicia en caso que se compruebe algún exceso. Y respecto al orden jurídico no veo cómo puede ser ilegal un reglamento que no pretende modificar ninguna norma superior y que se rige por los principios establecidos por las Naciones Unidas para el uso de armas. Además, con este protocolo la vida de un delincuente que enfrenta a la policía no corre peligro, solo tiene que entregarse. Seguramente a muchos les guste más la idea que la delincuencia tenga ventaja. Está claro que hay un discurso que prefiere polemizar sobre el riesgo potencial de que la policía actúe, pero evita hablar de las consecuencias reales que sufren las víctimas de la delincuencia y sus familiares y no ven ningún riesgo potencial en un delincuente que huye para justificar que la policía no intervenga. Por eso digo que el mensaje es claro, si ponés en peligro a terceros y desafiás la autoridad, la responsabilidad es tuya.

Pero insisto con esto porque el juez Gallardo la declaró inconstitucional…

Primero habría que aclarar que es para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires porque Gallardo no tiene competencia federal. En segundo lugar, no veo cómo una norma en abstracto pueda declararse inconstitucional antes de un acto formal por parte del gobierno de la ciudad. Según tengo entendido, el juez pidió que cualquier protocolo respete el artículo 34 de la constitución de la ciudad que pide regirse por los principios de la ONU. Por otra parte, hay una clara intencionalidad política de la oposición y de los sectores de la izquierda progresista de vincular la lucha contra el delito con la idea de que el gobierno busca reprimir las protestas sociales. Respecto al amparo que presentó la legisladora Myriam Bregman ante el juez Gallardo me parece que sigue la línea del frente de izquierda y no quiero hablar de ella puntualmente porque no la conozco, pero asimilar trabajadores a delincuentes cuando decís defenderlos es para verlo con un psicólogo. Los problemas sociales se resuelven desde la política y en estos casos la policía cumple la función específica de mantener el orden mientras se ejerce el derecho a manifestarse, pero en ningún caso está autorizado el uso de armas letales.

Pero no solo en la ciudad, el gobernador de Santa Fe no adhiere al protocolo porque considera que con las normas actuales es suficiente y la gobernadora de Buenos Aires tampoco adhiere…

Son casos distintos. Lifschitz no adhiere porque dice que no le hace falta y el protocolo solo es una respuesta a una sociedad que se volvió más receptiva a un discurso que privilegia, según él, el uso de la violencia. Pero lo dice desde Santa Fe, una de las ciudades más peligrosas, además de tener a la ciudad de Rosario tomada por los narcos. Repito, hay sectores de la política que se sienten cómodos aceptando que el delito está ahí afuera y que su inacción está justificada por su respeto a la ley y los derechos humanos. Por eso incomoda, y más en un momento donde se vienen elecciones, que desde el gobierno nacional se haya pasado de tener políticas contra la inseguridad que son reactivas y ponen el dedo acusador sobre la policía a políticas activas de seguridad donde la policía cumple su función en un marco legal claro para poder brindar seguridad a la sociedad. Respecto al caso de Buenos Aires, el tema principal es que la gobernadora Vidal desde que asumió viene dando una batalla para depurar una policía provincial que era en parte cómplice del delito. Creo que al día de hoy hay más de 13 mil exonerados. Me parece lógico que tome sus recaudos y privilegie avanzar primero en tener una fuerza confiable y capacitada.

¿Y el contexto internacional influye en el protocolo? Se dice que es fruto del efecto Bolsonaro.

No lo creo, porque este protocolo se viene analizando hace meses. Además, “contexto internacional” implicaría hablar de los distintos desafíos que tienen los Estados a la hora de brindar seguridad como es el caso de Francia que preparó a sus fuerzas contra el terrorismo y ahora enfrenta disturbios urbanos, o México que ante los asesinatos masivos tiene que replantearse el combate al narcotráfico y el uso de sus fuerzas armadas.  Lo que sí veo en común en ese contexto es que los gobiernos que se preocupan por la seguridad adaptan sus normas para dar respuestas efectivas a las amenazas que enfrentan.

¿Entonces el efecto Bolsonaro no existe?

Existe en el imaginario social que demanda seguridad, pero pensemos que Bolsonaro todavía no asumió la presidencia, por lo tanto, lo que pasa hoy en Brasil es fruto de las leyes y normas existentes.  Acá el verdadero peligro es que la sociedad no vea claramente los límites institucionales. Por eso el protocolo es tan importante: porque deja en claro los límites. No veo a funcionarios argentinos festejando la muerte de un delincuente, sería un mensaje muy malo para la sociedad, pero sí creo que es un cambio gigantesco respaldar institucionalmente la lucha contra la delincuencia. Además, Brasil tiene una tasa de homicidios 6 veces más alta que la de Argentina y se habla con mucho desconocimiento sobre la forma en que operan sus fuerzas de seguridad. Tienen otro concepto del orden y no hay respaldo ideológico a los “bandidos” como llaman a los delincuentes en Brasil.

Esta semana hubo un caso donde la gente le gritaba a unos delincuentes detenidos por la policía, ¿en qué ves diferente esa situación de lo que pasa en Brasil?

Por experiencia propia puedo decirte que en Argentina no podríamos adoptar los criterios de uso de la violencia legítima que tiene Brasil. Ellos están más identificados con la idea de imponer el orden y la sociedad acepta que hay una batalla entre buenos y malos, y en esa lucha los medios empleados por las policías son los necesarios. Es normal ver tiroteos en la via pública que generan muertos por balas perdidas o ver al BOPE (Batallón de Operaciones Especiales) entrar a las favelas directamente a ejecutar narcotraficantes. La idea de orden y peligro van de la mano para el brasilero porque acepta el uso generalizado de la violencia. Esto me parece más la propuesta del diputado Olmedo que la del gobierno, porque nosotros estamos más concientizados y, aunque tenemos el mismo reclamo por seguridad, la sociedad demanda un marco de control más estricto. Lo que quiero decirte es que Brasil hace años convive con estos niveles de inseguridad y violencia y por eso es entendible el discurso desde la política.

Más allá de las diferencias que comentás, acá también tenemos un problema con la inseguridad, ¿no es justamente un argumento electoral?

No es solo un discurso. En Río de Janeiro, un candidato (creo que era Paez), ganó la intendencia prometiendo aplicar una política que llamó “Choque de orden” para recuperar el control de la ciudad. El tipo cumplió y fue un caos, una guerra entre policías y mafias que duró cinco meses. Toda la mejora del orden público se vino abajo con la crisis económica dejando en claro que cuando el problema es social la policía no puede resolverlo por la fuerza: hasta la policía estaba de huelga. Otro caso grave fue cuando el BOPE, con ayuda del ejército, intervino las favelas más peligrosas dándole a los narcos 48hs para entregarse. Fueron implacables con los que no se entregaron y quisieron resistirse o huir y aunque después instalaron las UPP, unidades de pacificación policial, y mejoró la seguridad, el marco general no cambió y hoy los vecinos conviven en un contexto violento. Acá ese discurso es solo eso porque en la práctica nuestra sociedad quiere seguridad, pero no a cualquier costo. Lo veo más parecido a la propuesta de Olmedo: un sector minoritario de la sociedad piensa que dar rienda libre a la policía no trae peligro para ellos, pero no es así, desatás un conflicto abierto que en nuestro país moviliza a sectores progresistas y ONG´s, cosa que en Brasil no pasa.

¿Para el gobierno va a ser un tema de campaña?

Seguramente sea un argumento de peso en las próximas elecciones, pero me parece que Patricia Bullrich dio un paso importante con el protocolo para mostrar que hay un compromiso efectivo de brindar seguridad y no solo un discurso, y en eso el presidente está de acuerdo. La diferencia en el caso de Olmedo es que su discurso puede ser más extremo porque no tiene que lidiar con las consecuencias de aplicar ninguna política de seguridad. En el caso del gobierno es más complejo porque de cara a las elecciones no puede permitirse ningún error. Lo que veo es un escenario positivo para el gobierno si en lo que resta hasta las elecciones puede mostrar avances en los temas de seguridad porque la sociedad va a acompañar una propuesta dura, pero en el marco de la institucionalidad, porque la va a considerar viable en la práctica.

Fecha de Publicación: 13/12/2018

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Por: Alex 02 enero, 2019

Muy buen punto de vista... claro como siempre

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