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Solidaridad en tiempos de pandemia

Merenderos de San Juan fueron asistidos con alimentos que se compraron con lo que se recaudó de las multas por violar la cuarentena.

Merenderos de San Juan recibieron $1.330.000 pesos para la compra de alimentos. El dinero fue recaudado de las multas que se les realizaron a quienes rompieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El Gobierno provincial entendió que las personas sancionadas atentaron contra la salud pública y cometieron desacato a la autoridad, por lo que, además, deberán realizar trabajos comunitarios. La decisión se tomó en el marco de la crisis que atraviesan muchas familias en la Argentina a causa de la pandemia. 

A la hora de elegir el destino del dinero se pensó en aquellos que más necesitan y, debido a la crítica situación de los merenderos de la provincia, se decidió utilizarlo para la compra de comida. En su mayoría azúcar, cacao, leche en polvo, té, jugo de naranja, polenta, harina, fideos, entre otras cosas. Una forma de invertir en una causa necesaria el dinero recaudado de las multas. 

La necesidad de asistir en tiempos de crisis 

La iniciativa surgió de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, que decretó darle un fin solidario y enviar lo recaudado a comedores de diferentes departamento de la provincia, como Rivadavia, Sarmiento, Rawson, 25 de Mayo, entre otros. Algunos de los merenderos beneficiados fueron Donar San Juan, Pequeños Sueños, Caritas Sonrientes, Fundación el Camino, Rinconcito de Luz, Corazones Sonrientes.

Desde que dieron inicio las diferentes medidas de prevención en el país para frenar el coronavirus, una de ellas fue multar a quienes salen de sus hogares sin necesidad. A la fecha, 434 personas fueron sancionadas y por ello se logró juntar $1.336.230. El fiscal Daniel Guillén expresó que “este monto simbólico fue al principio a Desarrollo Humano, pero en el último tiempo directamente lo destinamos a los merenderos porque hay mucha necesidad de los niños de alimentos y vestimenta”.

La suma se alcanzó –en su mayoría– por multas a jóvenes que realizaban fiestas clandestinas contradiciendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el cual implica que las reuniones no deben superar las 12 personas. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones, aún estan aquellos que contradicen las normas poniendo en riesgo su salud y el bienestar comunitario. 

En esta misma línea de castigo, los imputados debieron realizar una reparación simbólica llevando donaciones como calzado, colchas y medias, ya que las principales necesidades de estos sectores vulnerables son la comida y la vestimenta. Otra de las medidas propuestas para quienes no cumplieron las normas de seguridad para frenar la propagación del COVID-19 fue la realización de trabajos comunitarios por periodos de dos a tres meses. Es decir, quienes fueron sancionados tendrán una suspensión de juicio si realizan laborales no remuneradas en diferentes municipalidades.

 “Yo creo que esta reparación de alguna manera intenta devolverle a la sociedad a través de recursos destinados a gente carenciada. Se vio esa necesidad y por eso el Ministerio Público Fiscal lo solicitó, así que creemos que es una forma de dar una mano a quienes más lo necesitan”, expresó el fiscal Guillen. 

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