Semana Santa 1987 en la crónica de Raúl Alfonsín

Existen decisiones de un solo hombre que definen la Historia. Y sus palabras y acciones marcan rumbos de millones. Esa soledad del poder debe haber sentido el presidente Raúl Alfonsín pasadas las 18 del 19 de abril de 1987 cuando lanza la célebre frase, en los balcones de la Casa Rosada, “¡Felices Pascuas! La casa está en orden. No habrá más sangre en la Argentina” A su alrededor los principales dirigentes políticos y sociales observaban perplejos a una multitud congregada en defensa de las instituciones democráticas, la primera vez que una movilización de más de 400 mil personas no respondía a intereses partidarios ni sectoriales, y a éste presidente que, también inédito, puso el cuerpo yendo a negociar con el insurrecto teniente coronel Aldo Rico, a Campo de Mayo. Los días que vivimos en peligro, iniciados a la medianoche del 15 de abril con un militar desacatado de la Justicia, y las medidas alrededor de la Semana Santa de 1987, Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, detonaron en la acelerada caída del gobierno de Alfonsín.

Semana Santa imprimiría los límites de la política radical de autodepuración de las fuerzas armadas y dejaría abiertas las puertas de los juicios de la verdad, “la salud del país exige que superemos esta etapa con celeridad”, insistía el presidente en 1988. Ambas cuestiones inconclusas supuran hasta nuestro días. Y, en el futuro inmediato de su presidencia, los posteriores levantamientos militares avivarían los fuegos de la endeble administración económica, que eclosionaría en la hiperinflación de 1989; y entrega anticipada del ejecutivo a Carlos Menem. “Estoy seguro de que la Historia, cuando me juzgue, no será tan dura -como mis contemporáneos-” confiaba el presidente Alfonsín, en las caminatas por la Residencia de Olivos, mismos senderos, mismos jardines, del Pacto de Olivos de 1994.

La casa no estaba en orden. Pero la situación que explotó en Semana Santa del 87 se puede remontar mucho antes a la entrada en vigencia de la Ley de Punto Final de diciembre de 1986, votada por “verticalismo partidario” por los mismos radicales que participaban en organismos de derechos humanos y, hábilmente, apoyada sin votar por el grueso del peronismo, y que establecía un límite de 60 días para que la justicia actúe en los casos de crímenes lesa humanidad. Tampoco se relaciona directamente, aunque influyó, con las demoras y, el final, reconocimiento del fuero militar de la “legitimidad de la guerra sucia”, primera alarma del fracaso de la política militar del alfonsinismo, y las internas de la justicia civil, en particular la Cámara Federal, que contradecía las presiones del ejecutivo para circunscribir las responsabilidades a los altos mandos, “no serán llamados a declarar quienes sólo cumplieron órdenes”, afirmaba el ministro de defensa en febrero de 1984. “Todas estas medidas”, señala Alfonsín a Pablo Giussani, y en defensa de las leyes cuestionadas, “emanaban de un esfuerzo por hacer lo que me había comprometido hacer…después pasó lo que pasó. Y la justicia tomó el curso que todos conocemos…la proliferación de juicios a miembros de las Fuerzas Armadas…que conspiraba contra la paz y la unidad que requiere todo el proceso de transición institucional”, estimando en 1983 que no deberían superar los cien procesos, pero la realidad punzaba en enero de 1987 a 400 en curso y más de mil en vista. A este nido turbulento colocamos un huevo, no precisamente de pascua, sino de la serpiente, gestado en los nefastos cursos de perfeccionamiento para el Ejército promovidos por Estados Unidos, en aras de la Defensa de la Seguridad Nacional.

Huevo de Pascua, Huevo de la serpiente

Varios de los capitanes y tenientes carapintadas, como se lo conoció a partir del alzamiento, eran conocidos de los seminarios de la Escuela de las Américas en Panamá, a principios de los setenta. Aldo Rico, Ángel León y Gustavo Alonso, de primeros roles en 1987, integraban esta línea interna compacta dentro del ejército, insubordinada a generales y comandantes, y que separaba tajantemente a los oficiales a partir de capitanes. Para algunos, como Jorge Lanata y Joaquín Morales Solá, estos grupos fueron los que instigaron e instrumentaron los salvajes métodos represivos de la dictadura. Mohamed Seineldín, otro de los militares formados con los boinas verdes norteamericanos, enviaba desde la embajada de Panamá en 1984 mensajes a sus cófrades de “preservar la Institución” y “dañar seriamente al gobierno”, caracterizado de marxista.

Todos estos oficiales, de acuerdo al análisis de Alfonsín, “-contaban- de una formación fundada en la necesidad de superar el instinto de conservación…en la primacía de lo sensible sobre lo racional…-en la lucha contra la extrema izquierda- se llegó al convencimiento que era indispensable oponerle un combatiente con el mismo grado de convicción ideológica, pero de signo contrario…daba un carácter místico a la instrucción militar…preparando a las fuerza en una guerra santa, sólo explicable en un estado teocrático”, justificando el alto espíritu de solidaridad de los insurrectos, y a la vez, limitándolo a estos grupos de comandos especiales. Que justamente eran los principales citados en los tribunales para declarar en los miles de secuestros y desapariciones forzadas a partir de 1976 -aunque, también acotan Lanata y Morales Solá, estos grupos militares empezaron a operar sin control en 1973 con el asesinato por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) del mayor Miguel Paiva.  

“La democracia de los argentinos no se negocia”

En el pensamiento de Alfonsín de los sucesos de Semana Santa siempre prevaleció más la interna militar que la negativa a declarar en la Justicia, apoyado en los informes de reuniones de jóvenes oficiales desde mediados de 1986 disconformes con el generalato, especialmente con el general Jefe de Estado Mayor Héctor Ríos Ereñú -que fue el verdadero redactor de la Ley de Punto Final, que suponía una defensa a esos mismos oficiales sediciosos. Bombas estallan contras sedes políticas y sociales entre diciembre y marzo del 87, que los peritos señalarían de procedencia militar,  mientras un oficial juzgado en Córdoba en febrero del 87 ataca al “régimen absolutamente marxista que ha ocupado la Patria” “Desde algún tiempo antes, -el ministro Horacio- Jaunarena y yo teníamos una idea bastante probable en que la crisis podía estallar”, aseveraría Alfonsín, “el problema iba a producirse cuando algún oficial citado se negase a concurrir y buscase refugio en una unidad o dependencia militar” Internamente los carapintadas se habían juramentado que el primer citado perteneciente a los logia desencadenaría una sublevación militar, alertados por los llamados recientes a los miembros de la Armada, entre ellos el siniestro capitán Astiz.  

Dicho y hecho. El 15 de abril de 1987 la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba citó a declarar al mayor Ernesto Barreiro, jefe de torturadores de La Perla cordobesa, quien se refugió en el Regimiento 14 de Tropas Aerotransportadas de la provincia, con la anuencia del teniente coronel Luis Polo. Sin embargo el principal foco sedicioso se estaba concentrando en Campo de Mayo, Escuela de Infantería, bajo el mando del teniente coronel Aldo Rico, quien viajó especialmente desde Misiones en la mañana del 16 de abril. Exigían básicamente la detención de los juicios por violaciones a los derechos humanos contra varios de ellos y la remoción de Ríos Ereñú, proponiendo cinco candidatos carapintadas para el mayor cargo del ejército.

“Aquí no hay nada que negociar, la democracia de los argentinos no se negocia. Se terminó para siempre el tiempo de los golpes; pero también se terminó el tiempo de las presiones, los pronunciamientos y los planteos”, enfatizó el presidente Alfonsín ante la Plaza del Congreso atiborrada a la tarde del 16, momentos antes de un manifesto apoyo de todo el arco político y sindical, y la certeza que la Armada y la Fuerza Aérea se declararían prescindentes. Además llamó el general Ernesto Alais del II Cuerpo de Rosario para reprimir a los carapintadas en Campo de Mayo, pero jamás llegaron a destino, alegando problemas técnicos, “se paraban cada 10 kilómetros”, aunque denotaban que en verdad los altos mandos compartían con sus díscolos oficiales la legitimación de lo actuado en la llamada guerra sucia. “Con Ríos Ereñú llamábamos un golpe de Estado técnico…una acción que apuntara a lesionar por etapas la autoridad del Poder Ejecutivo, hasta llegar al colapso…también tenía presente que una negativa generalizada a reprimir una insubordinación militar podía provocar el derrumbe de la autoridad civil”, ponía el líder radical en contexto la gravedad de los sucesos. Tanto que aquella noche del 16 fue la primera vez que Alfonsín durmió en la Casa Rosada.

“¿Algo más?”

Los dos días siguientes, 17 y 18, transcurrieron en una guerra de nervios que volaba desde Balcarce 50 a Campo de Mayo. En tanto, la ciudadanía se reunía en plazas y paseos del país con banderas celestes y blancas. Los carapintadas insistían en la “solución política de los juicios”, curiosamente pedida por el embajador norteamericano esos mismos días, frente a las misiones negociadoras civiles y eclesiásticas, en la base militar bonaerense, ya desactivada la revuelta en Córdoba. Y desconocían totalmente a Ríos Ereñú, que renunciaría reemplazado por el general José Caridi, quien blandiría luego la Ley de Obediencia Debida -ya en la mente del presidente Alfonsín desde la campaña-, que limitaba la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad a los altísimo jefes militares, nada más.

Hacia el mediodía del 19 de abril, domingo de Pascuas, el ministro Juanarena llama al presidente desde la base militar, “Todo fracasó”. “Recuerdo que exclamé, ¡Pero esta gente me va a sacar de las casillas!”, en palabras de Alfonsín, que tomó la decisión insólita de apersonarse a Campo de Mayo y reunirse con los alzados contra el orden institucional. Contrariando el deseo de Rico y sus secuaces, que habían embanderado las barracas, eligió el presidente a la distante Dirección de Institutos Militares para la reunión cara a cara. “Permiso señor presidente”, fueron las primeras palabras timoratas del oficial insurrecto, y Alfonsín rememoraba que habló de las frustraciones sufridas tras Malvinas, diatribas a la cúpula del ejército “continuadora del Proceso” y que su gobierno “necesitaba” de esta logia rebelde. Y subrayó el militar que adherían al orden institucional y que el levantamiento solo se refería a una situación interna. “¿Algo más?” preguntó Alfonsín. A su turno el presidente reiteró que cumpliría con la promesa electoral de limitar el castigo a los mandos y la caducidad de la acción penal a los oficiales,  y coraje de ese mismo instante, ordenó al general Vidal detener a todos los amotinados. Sin un disparo, sin negociar. Después vendría el balcón, el pueblo agitando las banderas a la noche del domingo y Felices Pascuas ¿Felices?

“Señor presidente, comprenda usted nuestra situación -las palabras del joven capitán Breide, que interceptó al presidente a la salida de la reunión con Rico- Nos llevaron a la guerra contra la subversión, convenciéndonos de que defendíamos a la sociedad contra una agresión…nos hicieron hacer cosas que nunca habríamos imaginado como militares…después de aguantar el frío, los bombardeos y la prisión inglesa, fuimos traídos de vuelta escondidos como si fuéramos delincuentes. Después de eso no defendieron la dignidad del Ejército ni hicieron las reformas que pedíamos”, cerraba el recuerdo vivo Alfonsín con un “debo reconocer que esa actitud me conmovió…en él pensaba cuando dije que había entre ellos varios héroes de Malvinas…-luego- señalado por la oposición…como que había pactado con Rico” En la óptica de Jorge Lanata, el saldo de Semana Santa, “uno de los argumentos -repetidos por el radicalismo-…”Alfonsín encarceló a los comandantes”  Esto es absolutamente cierto. Como también es cierto que ningún gobierno dejó en libertad a tantos criminales como el de Alfonsín” Lo cierto es que de los 1500 procesados por violaciones a los derechos humanos en 1986, en 1988 solamente habrá 20. “Estoy seguro de que la Historia, cuando me juzgue, no será tan dura”, en los sinuosos jardines del poder, el eco de Alfonsín.

Fuentes: Alfonsín, R. Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos. Buenos Aires: FCE. 2009; Giussani, P. ¿Por qué, doctor Alfonsín?. Buenos Aires: Sudamericana. 1987; Fontana, A. La política militar del gobierno constitucional en “Ensayos sobre transición democrática en Argentina”. Buenos Aires: Puntosur. 1987; Lanata, J. Argentinos. Siglo XX: desde Yrigoyen a la caída de De la Rúa. Tomo 2. Buenos Aires: Ediciones Z. 2003

Imágenes: Télam