Ser Argentino. Todo sobre Argentina

Día del Inmigrante. Mil banderas, una sola Nación

Pese a que en los últimos años se quiso menospreciar, o adocenar en puestos callejeros, ser inmigrante hace la Argentina. Un mirada histórica, política y social sobre la inmigración.

Cada 4 de septiembre veremos en las calles argentinas ferias y desfiles de nacionalidades, un remedo aggiornado del cotillón comercial de una Feria de las Naciones, en los festejos del Día del Inmigrante. Lo que olvida este lavado recordatorio es que esos italianos y españoles de ayer, o los chinos y bolivianos de hoy, llevan en su sangre las promesas de progreso y trabajo en nuestro suelo de los fundadores de la Patria, las que soñaban Moreno, Belgrano, Alberdi y Avellaneda. Que son estos inmigrantes de cualquier época una continuación de una de las experiencias de la Humanidad más exitosas, entre 1852 y 1910 pasamos de 800 mil a 8 millones. Y pese a las resistencias de los criollos, medidas contradictorias y xenofobia, somos el mismo país de la benigna Ley Avellaneda y la expulsora Ley de Residencia. Además exitosa en cuanto ascenso social, basta con saber que el primer presidente de todos los argentinos en 1916, Yrigoyen, era descendiente de vascofranceses. El mismo que instauró la fecha revividora de odios y grietas entre indios, criollos e inmigrantes, el Día de la Raza. En estas contradicciones, un fracaso exitoso fue la inmigración en la Argentina, navegaremos desde un puerto botado en la Revolución de Mayo, y zarparemos en los siglos, cobijados en las ilusiones de los millones que cruzan mares y caminos “Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, consagra el Preámbulo de la Constitución Nacional, una Carta Magma que derriba fronteras y abre los brazos, ya en las mismas oraciones de apertura, catecismo laico.

“No solo los mercachifles extranjeros, pero todo extranjero debe tener prohibida su residencia en Puertos de Mar como previenen las leyes” establecían pronto los regidores  españoles, las señales de una xenofobia colonial de larga mella “-En Santa Fe y Entre Ríos- como en Córdoba, bajo el gobierno de Bustos, no ser americano era un crimen”, comentaba un viajero y científico francés en 1828, Alcides D´ Orbigny, y justificaba la inquina a que los pocos extranjeros de la época, se calculan unos dos mil en el Río de la Plata, se dedicaban a la artesanía, la industria o la agricultura; trabajos manuales detestados por los señores virreinales, ahora sus rebeldes hijos criollos. Poco había hecho las nuevas ideas de la Revolución de Mayo, que postulaba a la emigración, tal así la llamaban Moreno y Belgrano, con el objeto de remediar las deficiencias de los modelos hispánicos, entre ellos la aversión a la manufactura y el arado “-Atraérselos con empleo- según el mérito y el talento de cada uno, pues es creíble que éstos si no por patriotismo, a lo menos por interés que les resulte, serán fidedignos en la confianza que de ellos se haga”, se le adjudica a Moreno en el controversial Plan de Operaciones. Este impulso hallará raíz en el decreto del 4 de septiembre de 1812, Día del Inmigrante, resolución del Primer Triunvirato, idea de Bernardino Rivadavia y Juan José Paso, “Siendo la población el principio de la industria y el fundamento de la felicidad de los Estados…Art. Primero.- El gobierno ofrece inmediata protección a los individuos  de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar su domicilio en territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos…Art. Segundo.- A los extranjeros que se dediquen al cultivo de los campos se les dará terreno suficiente y se les auxiliará para sus primeros establecimientos rurales, y en el comercio de sus producciones gozarán de los mismos privilegios que los naturales del país”, en un adelanto de las posteriores leyes rivadavianas de 1821 referidas a la garantía del transporte, solventado por el Estado Nacional, y la polémica enfiteusis, arriendo de tierras fiscales. Si bien fracasaría por diversas razones este primer intento de promover a la inmigración, rupturas institucionales, guerra externa –Brasil- e interna –Buenos Aires versus Interior- y acaparamiento de la normativa por los ávidos ganaderos, entre ellos Juan Manuel de Rosas, quienes liquidarían los sueños de los pocos que vendrían, irlandeses a Ensenada o italianos a La Boca; el espíritu aperturista e igualitario permanecería en las legislaciones de la materia, a través de un siglo.

 

“Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”

Pasados los complejos tiempos del rosismo, en el contexto de un bloqueo internacional que hacía al extranjero sinónimo de sospechoso, ya se habían prohibido las cartas de ciudanía en 1829 –sólo eran protegidos por Rosas los ingleses, que rápidamente varios se hicieron grandes ganaderos como el Restaurador de las Leyes-, los dirigentes del país en ciernes notaban cómo el mundo estaba en movimiento, con intensas corrientes inmigratorias que escapaban de la miseria europea. Existía un Plan y era el de Alberdi, “gobernar es poblar” Una de las razones que explican que las “Bases y Puntos de Partida para la organización política de la República Argentina” del abogado tucumano hayan sido el alma máter de la Constitución Nacional, casi transcriptas, era la urgencia de contar con un código político que respondiera a la circunstancia, y que el Tren de la Historia no pasara de largo. Al menos ese sentían los constituyentes de 1853, menos los de Buenos Aires que se encerraron en su Puerto, y en Santa Fe dictaron dos artículos clave que llevarían en su valijas los agentes de la inmigración al Viejo Continente, Aarón Castellanos, el fundador de la pionera Colonia Esperanza en Santa Fe en 1856, Carlos Beck Bernard, Augusto Brougnes, y más, “Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República”, y el otro, ambos que transcribimos in extenso porque algunos mandatarios recientes parecen olvidarlos, “Artículo 25.- El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”, cerraba una fórmula “europea”, y que será la piedra angular de la amarga queja de la Generación del 80. Sarmiento denostaba 1887 a la mayoría mediterránea inmigrante, que arribaba amparada por la humanista Constitución, y los lapidaba frente a la “virtuosa” que “civilizaba” Estados Unidos. Tal vez no lo sabía pero los costos, y las dificultades, de los mismos italianos y españoles eran mucho mayores para arribar a Buenos Aires que a New York, por lo que los europeos que pisaban Buenos Aires, al menos,  estaban jugándose a todo o nada. Citando a Alberto Sarramone, un boleto al Río de la Plata costaba unas 270 pesetas, contra las 190 de quien deseaba contemplar la Estatua de la Libertad en 1890, y representaba entre cien y doscientos jornales. Tampoco reconocía que las fronteras fueran ganadas en América del Norte por familias, incentivadas estatalmente para que no se apiñen en las grandes ciudades, y no las “afeen” como ocurría en Buenos Aires según el Maestro de América, mientras que en la Argentina fueron ganadas las tierras para el ganado.    

Un ejemplo de los fracasos en una política coherente sobre tema fue la beneficiosa Ley Avellaneda de Inmigración y Colonización del 6 de octubre de 1876, largamente discutida  en el Congreso Nacional; en aquel recinto unos meses antes el industrialista Carlos Pellegrini se preguntaba si algunas vez dejaríamos de ser solamente “pasto” La Ley Avellaneda establecía promociones y exenciones a las colonias rurales, favoreciendo la llegada de europeos, a lo que el diputado Bartolomé Mitre atacaba diciendo que “repugnaba la idea de traer esclavos blancos en una democracia” y que, mejor, dejar a la libre oferta, los millones de hectáreas en poder del Estado; que se triplicarían luego con la autodenominada Conquista del Desierto. Tampoco es casual que se haya tratado solamente tres años antes de la campaña militar del futuro presidente Roca. Ni que se hable de liberalismo rentístico cuando unas pocas personas detentaban extensiones comparables a países y, claro, la democracia era un juego de pocos. Otra derrota que Nicasio Oroño, el progresista político santafesino, sintetizaría un tiempo después en ese Congreso, “-la provincia de Buenos Aires-  decidió enajenar -bajo la Ley Avellaneda, que establecía una sociedad mixta entre privados y Estado, y propugnaba atraer familias al Interior para convertirlas en propietarios- al señor Alvear ciento ocho leguas al precio de trescientos pesos, cuando la legua en -la vecina- Santa Fe vale 1500…con la condición de que al término de tres años, introdujera a ciento cincuenta personas. Han transcurrido ocho años y el señor Alvear no ha clavado ni siquiera un palo, ni ha introducido una sola familia…sólo se ven vacas”, remataba enojado, quien desde la gobernación provincial había intentado limitar la iniciativa privada en la inmigración. Sin embargo, de 1876 a 1903 el gobierno entregó 43 millones de hectáreas a 1843 personas. Este turbio régimen latifundista, de pesados arriendos a los colonos prohijados por leyes entrampadas, hizo que en el novecientos dos de cada tres trabajadores, en la Capital, fuera inmigrante.