Cannabis medicinal: empieza la industria en Jujuy

La empresa estatal jujeña Cannava S.E. avanza con el plan piloto de cultivo de cannabis para uso medicinal. Tras lograr las primeras germinaciones, culminó el montado de nueve invernaderos en los que se podrán propagar hasta 15.000 plantas para el cultivo de cannabis medicinal.

Para febrero del 2020 se calcula su paso a campo abierto, indicaron voceros de la empresa. Los nueve invernaderos fueron montados en una zona núcleo de 2 hectáreas, lo que abarca una superficie cubierta total de 3100 metros cuadrados.

En los invernaderos se llevará adelante la producción de plantas madre, la reproducción por medio de esquejes y el crecimiento vegetativo de entre 13 y 15 mil plantas. Números que representan la capacidad de esos espacios, aunque aún no hay esa cantidad de semillas germinadas.

Para el funcionamiento de los invernaderos, se instaló también un sistema de riego e infraestructura eléctrica que complementará a la luz solar. Para la etapa vegetativa se emplean métodos agrícolas sostenibles. Con el uso de fertilizantes orgánicos y sustratos preparados especialmente. El proyecto de cannabis medicinal se apoya en el valor central de respeto por la tierra.

El área de cultivo es controlada en forma física por un cuerpo especial de la policía de la provincia. Usan un esquema de custodia por anillos, apoyado con videovigilancia y vinculación directa con el 911.

Pionera en el país

Jujuy es la primera provincia del país en emprender en el cultivo de cannabis para uso medicinal. Ya asumió compromisos para proveer gratuitamente los aceites a hospitales del país para ensayos clínicos.

También se anunció la firma de un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Este se firmó para la construcción de un laboratorio público de extracción en la provincia.

La Ley Nº 27.350 regula la investigación médica y científica sobre el uso medicinal, terapéutico y paliativo de la planta de cannabis y sus derivados. En ese marco Lino Barañao, Gerardo Morales y Roberto Tecchi firmaron un convenio de cooperación. Buscan diseñar e implementar acciones de investigación del uso de cannabis con fines científicos y terapéuticos.

Es un proyecto importante no solo desde el punto de vista científico, sino además por su impacto social en cuanto a la generación de empleo. También lo será en las economías regionales. “Apoyamos todo lo que sea diversificación de la producción rural, es un desafío a nivel global y esta es una alternativa”, dijo Barañao.

Red Argentina de Cannabis Medicinal

Hace poco más de un año se creó la Red Argentina de Cannabis Medicinal (RACMe). Integrada por 30 expertos de universidades nacionales, institutos de investigación y organismos de ciencia y tecnología de diferentes localidades del país. La Red consiste en articular las capacidades científico-tecnológicas disponibles en el país en torno al uso de cannabis medicinal. Además, propiciar el trabajo interdisciplinario y federal para la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas de la población.

Agustín Campero dijo: “Tanto en Argentina como en el mundo hay estudios que demuestran el impacto positivo que el cannabis tendrá en distintas economías”. Desde la red se promueve la vinculación distintas instituciones para facilitar la investigación y el desarrollo de este cultivo.

El Gobierno de Jujuy ha declarado de interés sanitario provincial a las acciones que protejan, promuevan y mejoren la salud pública. Lo hará mediante la investigación y el uso científico de la planta de cannabis y sus derivados. De este modo, busca posicionar a Jujuy como pionera en el desarrollo del cannabis medicinal en Argentina y en la región.

A partir de la firma de este convenio se podrá articular el conocimiento de los profesionales en torno a esta problemática emergente. Tema que incumbe a muchas disciplinas de la ciencia: botánica, clínica, neurociencias, farmacología y el estudio de productos naturales, entre otras. El cannabis medicinal está revolucionando todas las áreas científicas y técnicas de la provincia de Jujuy.

Fuente: El Economista